Hacia el egobierno municipal
En la actualidad, algunos Ayuntamientos españoles, de manera azorada e improvisada, advertidos por todos los especialistas acerca que la riqueza se genera en las ciudades, en las poblaciones, están impulsando estrategias de promoción de la Sociedad de la Información para extender el uso de las nuevas Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC).
Hace tiempo que se sabe que las TICs se comportan como motor económico con amplios beneficios, acortan y mejoran los procesos de información, acercan los procedimientos, aceleran las decisiones, universalizan la comunicación y promueven la empatía entre administraciones y vecinos, con lo que las administraciones municipales se hacen accesibles, receptivas y sensitivas, con oído y diligentes.
Los cambios no están siendo fáciles. Las nuevas tecnologías, en apariencia inocuas, tienden a ser vistas como apéndices, un simple recurso más. Es una perspectiva errónea que está perturbando todo el proceso de remozamiento de las administraciones municipales.
A las Casas Consistoriales les está costando horrores superar los prejuicios y la incomprensión de los cambios que inyectan las nuevas tecnologías. Vienen de un mundo donde se enfatizaba el papel de histórico de los Ayuntamientos como estructuras de «control» (el «gobierno» que hace cumplir la ley y que se paguen los cánones), o ese otro rol más contemporáneo de «administración de recursos» (administrar los impuestos para garantizar los servicios a los ciudadanos).
Convertirse en «administración facilitadora» de aspectos muy diversos es algo más complicado, pasa por la ordenación del territorio (geoestructura), la creación de instrumentos de movilidad de personas, materias y energías (infraestructuras), la «urbanización» de información de calidad para los procesos económicos y sociales de los agentes de la ciudad (infoestructura), la facilitación de la creatividad y la innovación (innoestructrura) y el apoyo a estrategias financieras para el desarrollo de una economía sustentable y controlada localmente (fondos de inversión local), además de asegurar un medio ambiente para las generaciones futuras (ecoestructura).
Precisamente, el interés por propiciar una economía competitiva se deriva de la aceptación generalizada de la competitividad entendida como la capacidad de una institución para utilizar adecuadamente sus recursos y darles un mayor valor agregado en el mercado, esto es, a mayor productividad en el uso de sus recursos (naturales, humanos, financieros, infraestructura, tecnología, servicios) habrá una mayor competitividad, lo que redunda a su vez en una mejora del nivel de vida.
En este sentido, según el estudio del Banco Mundial Haciendo Negocios en 2005, los países que más facilitan la apertura de nuevos negocios y simplifican las trabas burocráticas son los que actualmente han alcanzado los niveles más altos de desarrollo.
Por el contrario, los países que más barreras colocan a sus ciudadanos y empresas son los que menos inversiones y empleo local generan. Nuestro país, según la citada fuente, se encuentra en el grupo de países donde, por ejemplo, el tiempo para iniciar un negocio es de 108 días debido a los trámites y trabas burocráticas, mientras que en el resto de los países de la OCDE son 25 días y en USA sólo se requieren cinco.
No resulta extraño entonces, aunque en los últimos años hemos logrado avances importantes en un mayor acceso a la información pública y en políticas de transparencia informativa, que todavía no sea plenamente aceptado que asunto tan elemental induzca una disminución significativa de la complejidad burocrática que el Estado impone, tanto a nivel nacional como regional y municipal.
Una vez admitido que la transparencia y la facilitación del acceso a la información constituyen una de las principales condiciones de buena gestión pública en general, se suscito el interés por analizar su incidencia en el caso concreto de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, desarrollado durante los años 2005 y 2007.
Entre sus objetivos destacaba el profundizar en lo que se requiere para generar un sistema de incentivos hacia la competitividad municipal, esto es, analizar la forma de cómo la sociedad civil «fuerza» a los ayuntamientos a ser más competitivos, por ejemplo, invirtiendo en TICs que les permita informar más y mejor, reduciendo costes de tramitación administrativa, acelerando los procesos de toma de decisiones y mejorando la empatía comunitaria. Entre de las lecciones aprendidas en el estudio caben destacar:
1. Los alcaldes son los nuevos arquitectos de conocimientos que pueden convertir sus ciudades en ciudades del conocimiento. Sin embargo, a contrapelo, en una época en la que crece la insatisfacción y desconfianza en las administraciones, no parece ser prioritario facilitar nuevas formas de ciudadanía basadas en la apertura, transparencia y compromiso. Internet, no importa el tamaño del municipio, se les atraganta a los alcaldes.
2. Los municipios que no entiendan la necesidad vital de colaboración entre todos los agentes y que no apuesten por ese vínculo i-i-i (investigación-inversión-innovación) simplemente se quedarán fuera. Algunos pueden pensar que cuando esto sea una realidad tirarán de talonario, la comprarán y a otra cosa. Así, sin más. Podemos comprar un televisor, otra cosa es llenarlo de contenido, de programación. El 80% de la programación se compra en Estados Unidos a precios de mercado. La parte más difícil de aprender de las nuevas tecnologías, es la que incluye conocimiento y valor. No son fáciles y los hechos hablan por sí solos.
3. Finalmente, pero no lo menos importante, disponer hoy de TICs ya no resulta estratégico, esto es, tenerlas no aporta «diferencia», si bien no tenerlas genera «problemas». Lo importante, no es «disponer» de TICs, sino saber como utilizarlas, que la «palanca» exista no quiera decir que el mundo se mueva: hay que saber dónde ponerla, y cómo moverla, y para qué hacerlo. En definitiva, la Sociedad de la Información no plantea sólo un problema de infraestructuras sino de más bien de infoestructuras, pues invertir en tecnología no resulta suficiente para lograr la transformación antes citada. De hecho, más que «estar presentes en la red», el reto para los Ayuntamientos, como en el caso de muchas otras Administraciones, en los próximos años será «trabajar en red», lo que supondrá la necesidad de contar con visión estratégica y liderazgo; procesos de elaboración de las políticas públicas abiertos y participativos; pero, sobretodo, voluntad para adaptar su funcionamiento a la interactividad que permiten las TICs.
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Hace tiempo que se sabe que las TICs se comportan como motor económico con amplios beneficios, acortan y mejoran los procesos de información, acercan los procedimientos, aceleran las decisiones, universalizan la comunicación y promueven la empatía entre administraciones y vecinos, con lo que las administraciones municipales se hacen accesibles, receptivas y sensitivas, con oído y diligentes.
Los cambios no están siendo fáciles. Las nuevas tecnologías, en apariencia inocuas, tienden a ser vistas como apéndices, un simple recurso más. Es una perspectiva errónea que está perturbando todo el proceso de remozamiento de las administraciones municipales.
A las Casas Consistoriales les está costando horrores superar los prejuicios y la incomprensión de los cambios que inyectan las nuevas tecnologías. Vienen de un mundo donde se enfatizaba el papel de histórico de los Ayuntamientos como estructuras de «control» (el «gobierno» que hace cumplir la ley y que se paguen los cánones), o ese otro rol más contemporáneo de «administración de recursos» (administrar los impuestos para garantizar los servicios a los ciudadanos).
Convertirse en «administración facilitadora» de aspectos muy diversos es algo más complicado, pasa por la ordenación del territorio (geoestructura), la creación de instrumentos de movilidad de personas, materias y energías (infraestructuras), la «urbanización» de información de calidad para los procesos económicos y sociales de los agentes de la ciudad (infoestructura), la facilitación de la creatividad y la innovación (innoestructrura) y el apoyo a estrategias financieras para el desarrollo de una economía sustentable y controlada localmente (fondos de inversión local), además de asegurar un medio ambiente para las generaciones futuras (ecoestructura).
Precisamente, el interés por propiciar una economía competitiva se deriva de la aceptación generalizada de la competitividad entendida como la capacidad de una institución para utilizar adecuadamente sus recursos y darles un mayor valor agregado en el mercado, esto es, a mayor productividad en el uso de sus recursos (naturales, humanos, financieros, infraestructura, tecnología, servicios) habrá una mayor competitividad, lo que redunda a su vez en una mejora del nivel de vida.
En este sentido, según el estudio del Banco Mundial Haciendo Negocios en 2005, los países que más facilitan la apertura de nuevos negocios y simplifican las trabas burocráticas son los que actualmente han alcanzado los niveles más altos de desarrollo.
Por el contrario, los países que más barreras colocan a sus ciudadanos y empresas son los que menos inversiones y empleo local generan. Nuestro país, según la citada fuente, se encuentra en el grupo de países donde, por ejemplo, el tiempo para iniciar un negocio es de 108 días debido a los trámites y trabas burocráticas, mientras que en el resto de los países de la OCDE son 25 días y en USA sólo se requieren cinco.
No resulta extraño entonces, aunque en los últimos años hemos logrado avances importantes en un mayor acceso a la información pública y en políticas de transparencia informativa, que todavía no sea plenamente aceptado que asunto tan elemental induzca una disminución significativa de la complejidad burocrática que el Estado impone, tanto a nivel nacional como regional y municipal.
Una vez admitido que la transparencia y la facilitación del acceso a la información constituyen una de las principales condiciones de buena gestión pública en general, se suscito el interés por analizar su incidencia en el caso concreto de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, desarrollado durante los años 2005 y 2007.
Entre sus objetivos destacaba el profundizar en lo que se requiere para generar un sistema de incentivos hacia la competitividad municipal, esto es, analizar la forma de cómo la sociedad civil «fuerza» a los ayuntamientos a ser más competitivos, por ejemplo, invirtiendo en TICs que les permita informar más y mejor, reduciendo costes de tramitación administrativa, acelerando los procesos de toma de decisiones y mejorando la empatía comunitaria. Entre de las lecciones aprendidas en el estudio caben destacar:
1. Los alcaldes son los nuevos arquitectos de conocimientos que pueden convertir sus ciudades en ciudades del conocimiento. Sin embargo, a contrapelo, en una época en la que crece la insatisfacción y desconfianza en las administraciones, no parece ser prioritario facilitar nuevas formas de ciudadanía basadas en la apertura, transparencia y compromiso. Internet, no importa el tamaño del municipio, se les atraganta a los alcaldes.
2. Los municipios que no entiendan la necesidad vital de colaboración entre todos los agentes y que no apuesten por ese vínculo i-i-i (investigación-inversión-innovación) simplemente se quedarán fuera. Algunos pueden pensar que cuando esto sea una realidad tirarán de talonario, la comprarán y a otra cosa. Así, sin más. Podemos comprar un televisor, otra cosa es llenarlo de contenido, de programación. El 80% de la programación se compra en Estados Unidos a precios de mercado. La parte más difícil de aprender de las nuevas tecnologías, es la que incluye conocimiento y valor. No son fáciles y los hechos hablan por sí solos.
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