Artículo de opinión: Es el turno del sector público
No quisiera perder ni un minuto, en esta breve exposición, en hacer diagnósticos previos o en discusiones nominalistas sobre si asistimos a un proceso de desaceleración o de crisis. No me perderé en disquisiciones semánticas ni en acotar definiciones más o menos compartidas. Deseo centrarme en una serie de medidas que deberían abordarse con celeridad para garantizar la estabilidad de nuestro escenario económico y de libre competencia. Medidas que nos imponen con premura la actual coyuntura y las condiciones que demandan la sociedad, el mercado y la mejora de la competitividad empresarial.
En las actuales circunstancias, creo que el papel fundamental que le corresponde al sector público, como primerísima prioridad, y repito lo de primerísima, es la de apoyar al sistema financiero español, de tal forma que éste no estrangule la economía y a nuestras empresas, sobre todo a las pymes. Y es esta una prioridad que no permite demora. La liquidez financiera, la estabilidad del sistema y la restauración de la confianza así lo demandan.
En una situación como la que vivimos es cuando el sector público debe utilizar todos los mecanismos y medidas que estime oportunos para estimular la economía, priorizando planes de construcción de obras públicas, impulsando la promoción de vivienda social y de rehabilitación de centros históricos, entre otras actuaciones de amplio interés general.
De igual forma, debe abordarse la mejora de la productividad de las administraciones públicas, reduciendo trámites y burocracia y ofreciendo servicios más ágiles y eficientes al ciudadano, a la vez que se acometan aquellas reformas estructurales destinadas a una mayor liberalización de los mercados y de algunos sectores de especial importancia, como el de transportes.
Tampoco me parece acorde con la posición de España -octava potencia económica del mundo- la justicia. Necesitamos mejoras urgentes, diría inaplazables, de la Administración de justicia. Es preciso dotarla de los medios y recursos necesarios para lograr una mayor celeridad en los procesos y previsibilidad de las resoluciones judiciales, con la potenciación y creación de juzgados de lo mercantil, y una adecuada formación y especialización de magistrados en materia mercantil y económica.
En el ámbito laboral, creo que se hace imperativa la supervisión y control de las sentencias de las magistraturas de trabajo. Un control ecuánime y riguroso que evite el enorme sesgo pro trabajador de las sentencias. Y esto es así porque la realidad nos lleva a que, si todo despido es, de oficio, improcedente, éste termina resultando carísimo. Más medios y una mejor eficacia y eficiencia en la utilización de los mismos. La seguridad jurídica así nos lo demanda.
Y no quisiera concluir estas reflexiones sin abordar la gestión de sectores y de servicios de amplia incidencia como la energía, el agua, la educación y la sanidad.
Somos un país dependiente, en un mayor grado, que nuestros socios europeos en recursos energéticos e hidráulicos.
Por ello, tenemos que ser capaces de abrir un amplio debate nacional sobre estas cuestiones y decidir en consecuencia. Respecto a la energía, debemos propiciar un pacto de Estado que conduzca a un posicionamiento sobre qué tipo de energía necesitamos, cómo la vamos a producir y qué precio estamos dispuestos a pagar. En definitiva, lograr un consenso, lo más unánime posible, para adquirir un compromiso que nos ofrezca garantías de suministro, de calidad, cantidad y precio.
En educación y sanidad, no debemos conformarnos con hacer y deshacer, analizar y debatir, durante décadas, sobre deficiencias y debilidades, que, en especial, en educación muestran síntomas alarmantes. Hay que emprender iniciativas de amplio alcance, de carácter urgente y práctico, para racionalizar y optimizar la prestación de estos servicios públicos y su adecuación a lo que la sociedad española del siglo XXI demanda. Actuaciones e iniciativas que, estoy convencido, no pueden ni deben demorarse por más tiempo en promesas electorales y en legislaturas, y que cuentan con la más decidida colaboración y apoyo de las Cámaras de Comercio de España.
Javier Gómez-Navarro es presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España.
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No quisiera perder ni un minuto, en esta breve exposición, en hacer diagnósticos previos o en discusiones nominalistas sobre si asistimos a un proceso de desaceleración o de crisis. No me perderé en disquisiciones semánticas ni en acotar definiciones más o menos compartidas. Deseo centrarme en una serie de medidas que deberían abordarse con celeridad para garantizar la estabilidad de nuestro escenario económico y de libre competencia. Medidas que nos imponen con premura la actual coyuntura y las condiciones que demandan la sociedad, el mercado y la mejora de la competitividad empresarial.
En las actuales circunstancias, creo que el papel fundamental que le corresponde al sector público, como primerísima prioridad, y repito lo de primerísima, es la de apoyar al sistema financiero español, de tal forma que éste no estrangule la economía y a nuestras empresas, sobre todo a las pymes. Y es esta una prioridad que no permite demora. La liquidez financiera, la estabilidad del sistema y la restauración de la confianza así lo demandan.
En una situación como la que vivimos es cuando el sector público debe utilizar todos los mecanismos y medidas que estime oportunos para estimular la economía, priorizando planes de construcción de obras públicas, impulsando la promoción de vivienda social y de rehabilitación de centros históricos, entre otras actuaciones de amplio interés general.
De igual forma, debe abordarse la mejora de la productividad de las administraciones públicas, reduciendo trámites y burocracia y ofreciendo servicios más ágiles y eficientes al ciudadano, a la vez que se acometan aquellas reformas estructurales destinadas a una mayor liberalización de los mercados y de algunos sectores de especial importancia, como el de transportes.
Tampoco me parece acorde con la posición de España -octava potencia económica del mundo- la justicia. Necesitamos mejoras urgentes, diría inaplazables, de la Administración de justicia. Es preciso dotarla de los medios y recursos necesarios para lograr una mayor celeridad en los procesos y previsibilidad de las resoluciones judiciales, con la potenciación y creación de juzgados de lo mercantil, y una adecuada formación y especialización de magistrados en materia mercantil y económica.
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Y no quisiera concluir estas reflexiones sin abordar la gestión de sectores y de servicios de amplia incidencia como la energía, el agua, la educación y la sanidad.
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Por ello, tenemos que ser capaces de abrir un amplio debate nacional sobre estas cuestiones y decidir en consecuencia. Respecto a la energía, debemos propiciar un pacto de Estado que conduzca a un posicionamiento sobre qué tipo de energía necesitamos, cómo la vamos a producir y qué precio estamos dispuestos a pagar. En definitiva, lograr un consenso, lo más unánime posible, para adquirir un compromiso que nos ofrezca garantías de suministro, de calidad, cantidad y precio.
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