El número de inspecciones de trabajo en las empresas se doblará en unos meses gracias al decreto que habilita a las comunidades autónomas para evaluar las condiciones laborales
Los asistentes a la jornada-debate sobre cambios legislativos en prevención de riesgos laborales consideran que el borrador que modifica el Reglamento se queda corto y es insuficiente.
La Directora General de Relaciones Laborales de la Conselleria de Trabajo e Industria de la Generalitat, Mar Serna, ha avanzado que “unos 50 técnicos de la Administración catalana visitarán próximamente las empresas para comprobar que se cumplan los requisitos exigidos por la ley de prevención de riesgos laborales”.
Según Mar Serna, en unos dos o tres meses, se doblará el número de inspecciones de trabajo que se realizarán en las empresas catalanas, ya que los técnicos de la Generalitat podrán, además de evaluar, enviar los expedientes a la Inspección de Trabajo sin necesidad de que ésta visite la empresa.
La Directora General de Relaciones Laborales hizo estas afirmaciones en el marco de la Jornada-debate sobre los cambios legislativos en materia de Prevención de Riesgos laborales 2006 y sus consecuencias para las empresas, organizada conjuntamente por la Fundación Prevent, la Facultad de Derecho de ESADE y con la colaboración de Mutual Cyclops.
Durante la jornada, los ponentes coincidieron en subrayar que el borrador del proyecto del Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de los Servicios de Prevención se queda corto y es insuficiente para abarcar la realidad sobre la prevención de riesgos laborales en las empresas.
El Director de Proyectos de la Oficina de Prevención de Barcelona de Foment del Treball, César Sánchez, manifestó que el nuevo Reglamento “no hace nada por solucionar el tema de la formación en prevención de riesgos laborales” y apuntó el elevado número de subcontratación que existe en este campo. En este sentido, abogó por la necesidad de personal especializado y formado en las empresas para coordinar los servicios de prevención externos y recordó que, con la nueva normativa, “se pierde una oportunidad importante a la hora de intentar adaptar el panorama preventivo a las pymes”.
Falta de cultura en prevención riesgos laborales
Por su parte, la Secretaria de Salud Laboral de CC.OO, Neus Moreno, destacó que las reformas del reglamento “no solucionan en absoluto los problemas que hay en las empresas” y señaló la necesidad de mejorar la actuación en este campo desde las Comunidades Autónomas. El inspector de Trabajo, Antoni Albesa, aseguró que existe una falta de cultura en prevención de riesgos laborales en España porque falta integrarla en la vida cotidiana de las empresas. “Aún no se considera piedra angular de la calidad total, todavía se piensa que es una norma que hay que cumplir”, dijo Albesa, quien apostó porque el trabajador aporte sus conocimientos al ámbito laboral y dé las herramientas necesarias al empresario para llevar a cabo una correcta prevención de riesgos. Por su lado, la auditora jefe de Full Audit, Manuela Brinques, afirmo que el borrador “tiene objetivos cuantitativos, creíbles y mesurables que nos permiten hacer un buen seguimiento” y confesó que, en el día a día, los auditores se encuentran con documentos “poco rigurosos, confusos y con aplicaciones que no se han implantado”.
Respecto al Real Decreto aprobado recientemente y que regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales como Servicios de Prevención Ajenos, el presidente de la Asociación de Sociedades de Prevención de Accidentes de Trabajo (ASPREM), Ernesto Rubio, explicó que, a partir de ahora, las mutuas que quieran seguir ofreciendo servicios de prevención ajenos deberán crear una sociedad que lo gestione, una opción que han ejercitado 26 de las 28 mutuas existentes en España, el resto ha decidido cesar de esta prestación.
El presidente de la Asociación de Servicios Ajenos (ANEPA), Juan Carlos Bajo, se mostró optimista con los nuevos cambios legislativos y confió en que éstos conduzcan a una mejora en el servicio. En su opinión, “cuando convenzamos a la sociedad de que la prevención cuesta dinero pero supone una reducción en la siniestralidad laboral y una mejora en la calidad de las condiciones de trabajo, los empresarios verán que vale la pena invertir en prevención de riesgos laborales y se creará una cultura en esta materia”. El abogado de Cuatrecasas Guillermo García, en cambio, recordó que el único sujeto obligado enmateria de prevención de riesgos laborales es el empresario y que los servicios de prevención son “meros auxiliares del cumplimiento de la normativa”, por lo que pidió una mayor responsabilidad de todos los actores para evitar infracciones que lleven a procesos civiles en los juzgados.
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Según Mar Serna, en unos dos o tres meses, se doblará el número de inspecciones de trabajo que se realizarán en las empresas catalanas, ya que los técnicos de la Generalitat podrán, además de evaluar, enviar los expedientes a la Inspección de Trabajo sin necesidad de que ésta visite la empresa.
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Falta de cultura en prevención riesgos laborales
Por su parte, la Secretaria de Salud Laboral de CC.OO, Neus Moreno, destacó que las reformas del reglamento “no solucionan en absoluto los problemas que hay en las empresas” y señaló la necesidad de mejorar la actuación en este campo desde las Comunidades Autónomas. El inspector de Trabajo, Antoni Albesa, aseguró que existe una falta de cultura en prevención de riesgos laborales en España porque falta integrarla en la vida cotidiana de las empresas. “Aún no se considera piedra angular de la calidad total, todavía se piensa que es una norma que hay que cumplir”, dijo Albesa, quien apostó porque el trabajador aporte sus conocimientos al ámbito laboral y dé las herramientas necesarias al empresario para llevar a cabo una correcta prevención de riesgos. Por su lado, la auditora jefe de Full Audit, Manuela Brinques, afirmo que el borrador “tiene objetivos cuantitativos, creíbles y mesurables que nos permiten hacer un buen seguimiento” y confesó que, en el día a día, los auditores se encuentran con documentos “poco rigurosos, confusos y con aplicaciones que no se han implantado”.
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