El Govern abre la vía a una mayor flexibilidad en la función pública

La Generalitat ha presentado un plan de empleo que permitirá la movilidad funcional y geográfica de los trabajadores de la función pública. Para el gobierno el objetivo es la "racionalización de la organización y la optimización del personal." Los sindicatos califican la propuesta de ERE encubierto.

El Govern de la Generalitat quiere hacer llegar a la Administración la flexibilidad en el puesto de trabajo que CiU y PP preconizan en la reforma laboral que aprobaron conjuntamente en el Congreso la semana pasada. Para ello, el Ejecutivo de Artur Mas tiene previsto aprobar el próximo martes un "plan de empleo para la racionalización de la organización y la optimización del personal" al servicio de la Generalitat.

El proyecto (pdf) abre la puerta a la movilidad funcional e incluso geográfica de los funcionarios y del personal laboral, según la interpretación sindical. De hecho, el plan habilita a los departamentos a adoptar medidas para "modificaciones de los puestos de trabajo, redistribución de efectivos, cambios de adscripción de puestos de trabajo y reasignación de efectivos".

Governació remitió el documento del plan a los sindicatos el pasado jueves y los convocó a una reunión de la mesa de la función pública ayer por la mañana. A la salida de la reunión, los representantes sindicales mostraron un profundo malestar con el plan, acusaron al Govern de hacer "teatro" para hacer ver que se estaba negociando algo, cuando ya estaba todo decidido, y además de estimar "precipitada" la propuesta, la calificaron, también, de "ERE encubierto" para los funcionarios.


Plan de empleo

El Govern se basó en la disposición adicional de la ley de acompañamiento de los presupuestos que obliga al Ejecutivo a presentar un plan de empleo conjuntamente con la reducción de un 15% de la jornada de los puestos de trabajo ocupados por personal interino, como medida de contención del gasto público.

La sorpresa para los sindicatos ha sido que el citado plan de empleo abarca muchos más aspectos y pretende una reorganización temporal de todo el personal funcionario y laboral al servicio de la administración de la Generalitat, "con la exclusión del personal docente no universitario y estatutario del Institut Català de la Salut". Según los cálculos de los sindicatos, el plan incluye a unos 45.000 empleados públicos. Fuentes de Governació matizan que, como máximo, acabará afectando a un millar de personas.

El plan tendrá una vigencia de dos años a partir del próximo 1 de abril. Ese día entrará en vigor ya la reducción del 15% de jornada y sueldo del personal interino (unas 6.800 personas), "sin perjuicio de que las modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo" afectados por esta medida se aprueben con posterioridad.


Reordenación general

El Govern ha aprovechado la necesaria adecuación de las plantillas que comportará esa reducción para hacer una reordenación mucho más amplia con el objetivo de adecuar el personal a las necesidades de trabajo de la Generalitat, en un momento de crisis como el actual. "No tiene sentido tener a funcionarios sin trabajo en un área que ahora casi no puede actuar, mientras en otras van sobrecargados", explicaba un portavoz.

El plan prevé que los departamentos analicen las disponibilidades y necesidades de personal y, a partir de estos datos se elaborará un documento de diagnosis, que deberá estar listo como máximo el próximo 31 de octubre. Y a partir de ese documento se adoptarán las medidas para la "racionalización del personal". El documento cita que se tendrán en cuenta a la hora de mover al personal criterios como la "voluntariedad" de las personas afectadas, o la "proximidad geográfica en la movilidad respecto a la localidad en la que se prestan los servicios", entre otros.

Al personal laboral afectado por el plan se le podrán aplicar "medidas relativas de movilidad, modificaciones de las condiciones de trabajo, traslados forzosos y concursos de cambio de destino".

Para los sindicatos está muy claro que estas medidas pueden comportar movilidad funcional y geográfica de los funcionarios. En cambio, Governació matizó, en un intento de calmar a los funcionarios, que el plan de empleo solo prevé la movilidad de los trabajadores entre departamentos o diferentes áreas de una conselleria. E insistió en que, siendo cierto que el plan abarca a todo el personal de los servicios administrativos, su aplicación práctica posiblemente no superará el millar de empleados.

Montse Ros, portavoz de CCOO en la reunión de la mesa de la función pública, calificó el plan de "lo más parecido a un ERE encubierto" en la función pública. Ros destacó que con este proyecto "el Govern se dota de un instrumento para hacer lo que quiera con el personal de la Administración, saltándose la negociación y aplicando medidas de forma unilateral".

La portavoz adjunta del PSC en el Parlament, Laia Bonet, acusó al Govern de promover un "plan de precarización" de las condiciones de los trabajadores públicos, más que un plan de empleo.

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